I
La primera marcha a la que asistí no fue alguna que conmemorara el 2 de octubre; por diversas razones, siempre que quería ir, no hallaba con quién acompañarme y prefería seguir el contingente durante los primeros minutos de organización y salida de la facultad. Fue hasta abril del 2011 que asistí a una marcha con mi amigo Jorge P.; aquélla fue en solidaridad con Javier Sicilia y el clamor nacional de “¡No más sangre!”. El sexenio de felipe calderón había sido de lo más sangriento y su guerra contra el narcotráfico, un rotundo fracaso. Aquél que fuera considerado por un séquito de indolentes como el mejor presidente —al menos de forma reciente— de México, dejó una Estela de luz, falo de la ignominia, con un costo de mil trescientos cuatro millones novecientos diecisiete mil pesos[1]; ése, considerado el mejor presidente, inició una guerra intestina que elevó los índices de homicidios y desapariciones[2]; aquél de las manos limpias dejó el germen de lo que se cosecharía como el segundo país más violento del mundo. ¿Podemos creer a este hombre el mejor presidente de México cuando dejó en la calle a miles de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro como una suerte de vendetta política de aquellos años en los que fue secretario de Energía durante el sexenio de vicente fox? La marcha de aquella ocasión tendría su réplica en una larga caravana que aglutinó a miles de personas, desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo: a diferencia de la militarización encabezada por calderón, el recorrido llenó de vitalidad el corazón del país.
II
Desde el metro Guerrero de la Línea B se escuchan las consignas. Una vez que se abren las puertas de la oruga naranja —linfa urbana que circula a lo largo de la capital monstruo—, los estudiantes atiborran el andén. Rostros irreverentes por todos lados, de ésos que no le rinden pleitesía a las autoridades: la alegría de la juventud que se juega la carne sin preocupación por lo que les espera. “Contingente de pedagogía”, se escucha hasta atrás del andén. “Comunicación”, un poco más enfrente. “¡FES Aragón!”, subiendo las escaleras rumbo a la Línea 3. A pesar de ser un grupo numeroso que aborda un tren enviado exclusivamente para mitigar la saturación de la estación Guerrero, la desconfianza se cierne entre los más jóvenes que se aconsejan cuidado con aquél de la chamarra y pantalón roto, no lo conocemos, no parece estudiante, no viene con nadie… el fantasma del buen estudiante se extiende con comentarios bienintencionados.
A diferencia de otros contingentes y otras movilizaciones, el metro avanza con relativa calma, deja una, dos, cinco estaciones sin hacer una sola parada, hasta que el río de estudiantes, a su llegada, inunda la estación Universidad. Las escaleras, los torniquetes y las salidas son insuficientes para la ingente cantidad que arriba con el fin de sumarse a la marcha convocada unos días antes para protestar contra los ataques porriles perpetrados el lunes 3 de septiembre. Entre consignas y goyas bajamos del metro y entramos a Ciudad Universitaria. La marcha ya había salido de la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales; la cantidad de gente que camina sobre las calles del campus es el resultado del malestar derramado por la inseguridad que se refleja dentro de la institución, un malestar antaño y que se ha intensificado con el tiempo, uno que brota, en un insuficiente pase de lista, con nombres y apellidos: Pável González, Israel Moreno, Carlos Sinuhé, Luis Roberto Malagón, Lesby Berlín, Miranda Mendoza, Mariela Vanessa… Al leer cada uno de los nombres y sentirlos cerca, reconocer que no se puede ser ajeno a la realidad que nos revienta en la cara, pregunto ¿cómo hacerle frente a la barbarie que día con día se cierne sobre nosotros? ¿Cómo cuidarnos unos a los otros dentro de la comunidad? Es difícil cuando las autoridades tienen un grado de implicación en los hechos; y se hace aún más complicado cuando éstas saben que treinta mil personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores recorren una de las universidades más grandes e importantes del país para exigir justicia, para exigir de una vez por todas que se termine con el acoso y la represión de estudiantes, que se deje de asesinarlos. En pocas palabras, garantizar algo básico como es la seguridad; tener la certeza de que uno irá a estudiar y no será taloneado; que una irá a sus clases o a la reunión con las amigas, la fiesta o la santa gana se le dé y regresará íntegra a su casa —porque día tras día un cachito de todos se nos muere en las calles—; que cualquiera podrá hacer la actividad que se le pegue en gana: leer, estudiar, organizar un taller de poesía o un colectivo y no se hará acreedor de una golpiza patrocinada por los porros enviados por x directivo de CCH o y funcionario de la Junta de Gobierno, cercano al rector en turno; en este caso Enrique Graue Wiechers, quien fuera abucheado en el CCH Azcapotzalco el día 12 de septiembre, una vez que se retiró de un diálogo con los estudiantes[3] que se mantenían en paro para dar a conocer y exigir la firma de su pliego petitorio, mismo que fue discutido ese día y aceptado por Graue.
María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, directora del CCH Azcapotzalco, renunció el 27 de agosto, aunque la mayoría de los medios lo difundieron hasta tres días más tarde. En su lugar, la dirección provisional la asumió Benjamín Barajas Sánchez, director general de CCH[4].
A lo largo de la tarde del 5 de septiembre, el circuito del campus central permanece atestado de gente con pancartas cuyas consignas convergen en un clamor contra la violencia, contra los porros, golpeadores vendidos a la autoridad que mejor paga, y cuyos tentáculos, lo sabemos ahora y lo supimos siempre —desde el Halconazo de 1971—, se enquistan en Rectoría, trastocan sus órganos internos de decisión y se extienden hasta el gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, las cámaras, Gobernación… Todo se erige como un sistema funcional —aunque putrefacto— de represión y disolución estudiantil; no es extraño que su objetivo del lunes 3 de septiembre fuera la marcha cecehachera, los estudiantes más jóvenes de la Universidad. Sin embargo, ¿qué nos dice que sucediera en la explanada y en las narices de Rectoría y sus ocupantes? ¿Qué significa que fuera en el contexto de una transición de régimen? ¿Dónde comienza ese sistema de represión —porque sabemos que acaba en los enfrentamientos entre jóvenes—, quién es el golpeador detrás del golpeador, en una funesta paráfrasis borgeana?
Momentos de organización estudiantil tan masivos en los últimos años como lo es la marcha podrían contarse con los dedos de las manos: a finales de mayo del 2012 la asamblea del Movimiento #YoSoy132 celebrada en las islas de la UNAM congregó a miles de estudiantes; en 2014 el testimonio de familiares de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y sobrevivientes de aquella fatídica noche en Iguala también reunió a varias miles de personas cansadas de la inseguridad a nivel nacional. No obstante, esta movilización logra equipararse con aquellos acontecimientos también cruciales en la vida de los jóvenes mexicanos; si bien fue de un aliento más corto y con una organización ligera y a veces atropellada a lo largo de los últimos meses, la masividad de convocatoria para el 5 de septiembre superó, quizá, la expectativa de muchos de los que recorrimos las facultades, sus jardines, sus explanadas e islas, Ingeniería, Derecho, Filosofía y Letras, la Biblioteca Central y llegamos a las puertas cerradas —aseguradas además con rejas metálicas— de Rectoría, donde permanecimos algunas horas, hasta que el último contingente arribó y la lluvia comenzó a caer. La Universidad, en tanto estudiantes, profesores y trabajadores, demostró la fortaleza y agilidad para cohesionarse, para hacerle frente a coyunturas que interfieren de manera directa en la realidad de sus actores, misma que está en constante cambio y se mantienen amenazante/amenazada; en esta ocasión, ante un hecho que pareciera exclusivo de la comunidad universitaria y la interpelara hacia el interior de la misma: el porrismo, aunque éste sea sólo un eslabón que se encadena con un mal mayor que se extiende sobre el país. ¿Será, sin embargo, esta capacidad de respuesta suficiente para futuros embates?
III
La última marcha a la que asistí fue la de los cincuenta años del 68, cincuenta años de impunidad y guerra sucia contra las movilizaciones, traducida en desprestigio y criminalización de activistas y estudiantes. Los contingentes llenaron la ciudad, la hicieron suya, por unas breves horas le arrebataron a la normalidad la batuta; se hicieron presentes reclamos históricos: justicia, ¿cuándo?, ¿cuánto más?, ¿cincuenta años más? Marcharon los normalistas, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de hace cuatro años, marcharon los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que llevan casi dos décadas defendiendo sus tierras, su hogar, su vida, de empresarios que sólo ven ingresos a costa de la carne desvencijada bajo el trabajo de sol a sol; marcharon los estudiantes, jardín de nuestra alegría, con sus característicos arrojo, irreverencia y algarabía: son aves que no se asustan de animal ni policía… estudiantes de entonces y de ahora, los que hace casi veinte años defendieron la universidad pública y gratuita, y los que ahora llenan sus aulas… ¿cuántas marchas más hacen falta? Porque podrán desprestigiarlas, subestimarlas, podrán decir que mejor nos pongamos a trabajar, a estudiar —y, vaya, ironías de la vida, después esos mismos organizar sus propias marchas por un propósito vacuo, clasista—, podrán revestirse con todo su odio y los prejuicios sociales con los que se engalanan, pero nunca podrán detener el justo reclamo de una sociedad organizada.
[1] Cifra expuesta en “Costo de la ‘Estela de Luz’ se elevó 192% respecto al acuerdo inicial” en Excélsior, 27 de marzo de 2013
[2] “De acuerdo con el informe, durante el primer año de gobierno del panista Calderón Hinojosa, cuando declaró la guerra contra el narco, la cifra de homicidios fue de 8 mil 867, menor a la registrada durante 2006, último año de gobierno del su antecesor, Vicente Fox Quesada, que fue de 10 mil 452 homicidios.
Sin embargo, a partir del segundo año de gobierno de Calderón, el número de muertes violentas fue en ascenso hasta alcanzar su punto máximo en 2011.
En 2008 se registraron 14 mil seis homicidios y, para 2009, la cifra se elevó a 19 mil 803; luego, en 2010, aumentó a 25 mil 757, y en 2011 subió a 27 mil 213 homicidios dolosos.
Para 2012, año de cambio de gobierno federal, hubo una leve disminución en el número de homicidios, pues se reportaron 26 mil 37”. Cfr. “Más de 121 mil muertos, el saldo de la guerra de Calderón: Inegi” en Proceso. Consultado el 8 de diciembre de 2018 en
[3] Puede consultarse el diálogo en la siguiente liga transmitida por el canal UNAM Global TV: https://www.youtube.com/watch?v=BwgyKVNUgNE
[4] Un dato curioso es que en el organigrama de la página oficial de CCH Azcapotzalco no se ha actualizado el puesto de dirección y María Guadalupe continúa encabezando el directorio del plantel.
